Puerto Libre

Ley beneficiaría a Odebrecht en Colón : Panamá


Los incentivos fiscales que otorgará la Ley de Colón Puerto Libre a las empresas que operen o inviertan en la zona podrán terminar beneficiando al consorcio que se adjudicó las obras de renovación urbana de Colón, integrado por Constructora Norberto Odebrecht y la panameña Cusa. Así opina el presidente del capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), Ramón Ricardo Arias.
El proyecto de Ley 222 establece el Sistema Especial de Puerto Libre para la provincia de Colón y crea un registro de inversionistas de infraestructura y uno de comerciantes. Las empresas que se incorporen a este registro –algo que tendrán que tramitar a través de la Zona Libre de Colón– recibirán una serie de incentivos fiscales.
En el proyecto de ley se menciona que obtendrán las mismas ventajas que otorga la Ley 136, del 31 de diciembre de 2013, "que actualiza el régimen fiscal aplicable para la rehabilitación y puesta en valor del Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá".
Tampoco pagarán impuesto de capital ni de importación por los materiales, maquinaria, materias primas, herramientas y demás insumos que requieran para sus operaciones en el sistema especial puerto libre, que se circunscribe a las denominadas “16 calles” de Colón.
Además de señalar como irregular el hecho de que se establezcan incentivos haciendo referencia a otra ley, y no creándolos expresamente, Arias advirtió que el objetivo de la ley es promover la ciudad como centro portuario y de comercio. “No veo la relación con la ejecución de infraestructuras. En particular, si tomamos en cuenta que hace unos meses se le concedió una licitación a un consorcio integrado por Odebrecht y Cusa para hacer unos trabajos parcialmente en la ciudad de Colón que de alguna manera se va a acoger a estos incentivos fiscales si la Asamblea los aprueba”.
Arias recordó que la ley 136 de 2013 de incentivos en el Casco Antiguo de Panamá –cuyos beneficios se pretenden extender a la ciudad de Colón– la aprobó la pasada administración con "muy poca consulta, y se aprobó cuando Odebrecht estaba haciendo trabajos de infraestructura en el Casco Antiguo. No tiene mucho sentido que el Estado asuma un sacrificio fiscal en un contrato de más de $500 millones mientras le está diciendo al resto del país que pague impuestos".

Legislación

Pese a la advertencia de Transparencia Internacional sobre beneficios fiscales al consorcio integrado por Odebrecht y Cusa para construir el proyecto de desarrollo urbano de Colón, a través de la ley de Colón puerto libre, la Dirección General de Ingresos (DGI) afirmó que la legislación no favorecería al consorcio.

En una escueta respuesta, la DGI señaló que su opinión era la misma que la del ministro de Vivienda, Mario Etchelecu, quien dijo que no había posibilidad de que el consorcio se beneficiara de los incentivos fiscales que otorgará esta legislación.

Aunque el contenido de este proyecto de ley contempla un registro de inversionistas de infraestructura y uno de comerciantes que recibirían una serie de incentivos fiscales, el diputado Quibián Panay, presidente de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional (AN), manifestó que el consorcio encargado de la renovación de Colón es contratado por el Estado, por lo que "no recibiría ningún beneficio".
"(La ley de Colón puerto libre) es para que las empresas puedan encontrar un beneficio en invertir ahí estando exentas en algún impuesto y van a desarrollar algo comercial (...) Ese tipo de incentivos es para las empresas que se radiquen", señaló el diputado perredista.
El próximo 12 de octubre se iniciará la renovación urbana de la ciudad de Colón, una inversión pública de $569 millones que fue adjudicada al Consorcio Nuevo Colón, integrado por Constructora Norberto Odebrecht y la panameña Cusa.
Ayer, Ramón Ricardo Arias, presidente del capítulo panameño de Transparencia Internacional, advirtió de que el Consorcio Nuevo Colón se beneficiaría de los incentivos fiscales si son aprobados en la AN.
Por su parte, la diputada independiente Ana Matilde Gómez reiteró que está “en total desacuerdo de seguir contratando una empresa tan cuestionada local e internacionalmente”, al referirse a Odebrecht, y añadió que "mucho menos estaría de acuerdo con que el Gobierno haga sacrificios fiscales en su beneficio".
De acuerdo con el proyecto de ley 222, que establece el sistema especial de puerto libre, las empresas no pagarán impuesto por los materiales, maquinaria, materias primas, herramientas y demás insumos que requieran para sus operaciones en el sistema especial puerto libre, que se circunscribe a las denominadas "16 calles" de Colón.
Este diario consultó al abogado José Javier Rivera, especialista en temas fiscales, quien subrayó que después de haber leído el proyecto y sus modificaciones, considera que "está dirigido a ciertos inversionistas que desean ejecutar obras dentro del área del puerto libre que es una zona libre de aranceles o impuestos de importación".
Juan Carlos Arango, diputado del Partido Popular y secretario de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, reconoció que el espíritu del proyecto de ley “no es para ayudar al consorcio”, y destacó que este fue contratado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.
De acuerdo con Panay, aún queda por debatir a petición de varios diputados ciertos aspectos en torno a la expansión del área de cobertura de la ley.
El presidente Juan Carlos Varela mencionó recientemente que espera que dicha ley se sancione para el 12 de octubre, día en que comenzarán las obras de la renovación de la ciudad.
“Posiblemente en esta semana se empieza el segundo debate, pero de pensar que se llegará a la fecha... depende de la dinámica de la Asamblea. No va a depender de las aspiraciones que tenga el Ejecutivo”, opinó Panay al respecto.
Al término de la semana pasada, la discusión de la ley se encontraba en el punto 18 del orden del día. Ayer, se adelantó al punto 2.
Según el presidente de la AN, Rubén de León, este proyecto será uno de los temas prioritarios que serán discutidos en la actual sesión legislativa, que finaliza el próximo 31 de octubre.


Transparencia Internacional Capítulo Panamá

"Yo creo que una vez más el Gobierno está saliéndose de su camino para darle beneficios fiscales a una empresa como Odebrecht. No tiene mucho sentido que el Estado asuma un sacrificio fiscal en un contrato de más de $500 millones, mientras le está diciendo al resto del país que pague impuestos", dijo Arias.
Consultado al respecto, el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Mario Etchelecu, dijo que no cabe la posibilidad de que el consorcio reciba los incentivos de la Ley Colón Puerto Libre, pues estos están concebidos para inversiones privadas y el proyecto de renovación de Colón es inversión pública para cuya ejecución se contrató a estas empresas.
Etchelecu apuntó que el consorcio debe pagar los impuestos habituales, incluidos los municipales y el impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios (Itmbs).
El director de la Dirección General de Ingresos, Publio Cortés, no respondió a las llamadas telefónicas de este diario para conocer si el proyecto de ley puede beneficiar al consorcio que construirá la renovación urbana de Colón.
A su vez, el ministro de Comercio e Industrias y proponente de la Ley, Melitón Arrocha, dijo que el proyecto no fue pensado para casos en los que el Estado hace inversiones en infraestructuras.
El proyecto ya fue aprobado en primer debate por la Asamblea Nacional y está sujeto a modificaciones en el segundo debate. “Cualquier legislador [diputado] serio debería examinar esto porque si estamos por un lado haciendo recortes presupuestarios a varias instituciones, darle beneficios fiscales a una empresa como Odebrecht envía el mensaje equivocado”, dijo Arias, quien adelantó que se hará una petición formal a la Asamblea en este sentido.

El sello de Odebrecht

El proyecto de renovación de Colón supondrá una inversión de $569 millones, de la que un 40% se destinará a su centro histórico para mejorar la infraestructura.
En respuesta a los posibles beneficios fiscales que recibiría con esta Ley, el Consorcio Nuevo Colón aseguró que no está incluido el proyecto de renovación que comenzará el próximo 12 de octubre.
“En este momento, el consorcio conoce que existe un anteproyecto de ley que guarda relación con la iniciativa de Colón Puerto Libre. No obstante, cabe destacar que el consorcio actualmente no tiene injerencia alguna ni mantiene beneficios a la citada iniciativa legislativa”, respondió la empresa asesora en comunicaciones de Odebrecht.
La selección de la empresa brasileña para ejecutar los dos proyectos más importantes que hasta el momento ha licitado la administración del presidente Juan Carlos Varela ha sido ampliamente cuestionada por la sociedad civil.
Con este proyecto, la empresa participa sola o en consorcios en proyectos valorados en más de $9 mil 500 millones, cartera que se disparó en la administración del presidente Ricardo Martinelli, y que no ha dejado de crecer en este gobierno.
La concesión de los dos últimos contratos (la renovación de Colón y la segunda línea del Metro de Panamá) ha tenido lugar luego de revelarse un escándalo de corrupción sin precedentes en Brasil.
La cúpula de la empresa ha sido acusada de participar en carteles de corrupción con los contratos de la estatal Petrobras y producto de las investigaciones de las autoridades judiciales el propio presidente de la compañía, Marcelo Odebrecht, está detenido en Brasil.
Este escándalo provocó reacciones en varios países de América Latina en la forma de revisiones a los proyectos asignados a la empresa. En Panamá, mientras, su suerte no ha variado.


(Publicado por La Prensa - Panamá, 5 octubre 2015)
__________________

http://la.migalhas.com/Calientes/134,MI228003,91041-Ley+beneficiaria+a+Odebrecht+en+Colon+Panama